Friday, July 29, 2005

Omar Edgardo Rivera

VOLVIERON A REPARTIRSE EL PASTEL

Omar Edgardo Rivera – www.omaredgardorivera.blogspot.com

“solamente lo locos creen que haciendo las cosas de la misma forma, tendrán resultados diferentes” Hillary Clinton

INTRODUCCIÓN

Los partidos políticos tradicionales ratificaron su alianza para la operación de la estructura estatal con el reciente nombramiento de Leonidas Rosa Bautista y Omar Cerna García como Fiscal General del Estado y Fiscal General Adjunto, respectivamente; pese a que muchos dirigentes liberales y nacionalistas se esfuerzan por hacerle ver a la población que –en la actualidad- estas dos organizaciones políticas son diferentes, los hechos demuestran todo lo contrario, ya que el propósito de sus cúpulas a la hora de tomar delicadas decisiones relacionadas al nombramiento de operadores de justicia, agentes contralores de la hacienda pública y autoridades electorales, es ubicar en la dirección de esas dependencias estatales a obedientes marionetas que tienen como encomienda esencial, defender los intereses de los correligionarios de mas alta alcurnia, los de la argolla, los que mandan.

Un pacto que hasta hace poco era furtivo (todo mundo comentaba de las misas negras y las famosas encerronas), hoy en día se exhibe ante la nación sin pudor, como a sabiendas que un ignorante electorado no razonara el voto en las próximas elecciones y ratificara en el poder a colorados y cachurecos, para que sigan haciendo del Estado, un botín, el cual hay que repartírselo para instrumentalizar los entes oficiales y garantizar que la amalgama de privilegios y canonjías de las que gozan los políticos afiliados al bipartidismo y los empresarios ligados a los partidos de mayor antigüedad y membresía en el país.

No debo negar la profunda consternación, pena e ira que me embarga por la situación antes descrita, ya que al ser liberal (por necesidad natural y convencimiento teórico) y además, aunque parezca contradictorio, militar y activar en el Partido Liberal de Honduras, tengo que responder a diario ante los reclamos que mis amigos, vecinos, ex alumnos y uno que otro entusiasta voluntario, me hacen por las bochornosas actuaciones de quienes –en su momento- gozaron, directa o indirectamente, del apoyo electoral para que hoy se constituyan en lideres partidarios y miembros de la asamblea legislativa. Se siente uno abatido ante el pretérito error de brindar apoyo a quien no lo merece, apenado por llevar a muchos a pecar colectivamente y furioso de ver como el carruaje roji-azul lleva al país al despeñadero.

Ya esto de repartirse el pastel se ha convertido en una funesta tradición, digna de denunciar, de señalar sin descanso, sin miedo y convencido que somos pocos los que estamos dispuestos a decir la verdad en Honduras, porque somos pocos los que estamos preparados para ser ignorados, vilipendiados y perseguidos por la clase política vernácula atrincherada en el poder de la nación.

ALGUNOS PEDAZOS DEL PASTEL

Corte Suprema de Justicia: Primero los partidos tradicionales se repartieron los sillones de la mas elevada sala judicial del país; pese a la reforma constitucional que buscaba despolitizar la integración de la Corte Suprema de Justicia, todo fue papel mojada, y las bancadas mayoritarias en el Congreso Nacional de la República terminaron nombrando a 8 abogados nacionalistas y 7 abogados liberales en el mas alto tribunal del Poder Judicial; ambos partidos consideran justo y necesario tener una fiel representación en esa instancia judicial, a tal extremos que los espacios se respetan, aun y cuando los nombrados renuncian a sus originales posiciones, así sucedió cuando la magistrada Blanca Esmeralda Valladares García renuncio a su cargo intentando distanciarse de la pestilencia judicial, de inmediato muchos dirigentes liberales manifestaron públicamente que “esa posición le correspondía al Partido Liberal”, de igual manera, cuando el magistrado Ramón Ovidio Navarro Duarte renuncio a su posición en la Corte Suprema de Justicia para desempeñarse como Fiscal General del Estado, no habían dudas a lo interno de las mas altas esferas partidarias del país, que habría que respetarle al nacionalismo su espacio, su activo, su pedazo del pastel.

Tribunal Superior de Cuentas: Luego, a fin de cumplir una promesa de campaña, el oficialismo impulso la reforma a la Constitución de la República que permitió pulverizar la inoperante Contraloría General de la República y ponerle fin a las insignificantes operaciones de la Dirección de Probidad Administrativa; se creaba un Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con la intención de auditar a los administradores del erario nacional y verificar que todas las normas y leyes fuesen cumplidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos gubernamentales; se le dijo al pueblo que se despolitizaría esta institución, sin embargo se hizo todo lo contrario, y se partidizó este organismo contralor del Estado desde su mismo nacimiento, al nombrar como magistrados del mismo a un representante del Partido Nacional de Honduras (PNH), uno del Partido Liberal de Honduras (PLH) (quien a la fecha de su nombramiento era hasta diputado) y otro nombrado por el oficial aliado del nacionalismo, el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH). Y los desastrosos resultados de esta integración politizada están a la orden del día, verbigracia, recientemente se le concedió finiquito al ex Secretario de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Tomas Raymundo Lozano Reyes, por decisión de los tres magistrados del TSC, pese a existir un dictamen del departamento legal que indicaba que no era adecuado hacerlo, ¿Tendrán jefes este trío contralor?

Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas: En el mes de septiembre del 2001, los –en aquella época- candidatos presidenciales, incluidos el actual Presidente de la República, Ricardo Maduro Joest, firmaron, al calor del proselitismo político que logra los mas inusitados compromisos, el “Manifiesto de los partidos políticos al pueblo hondureño”, en el cual se establecían una serie de importantes reformas políticas que tendrían que ejecutarse en el periodo presidencial que estaba por comenzar; este documento puntualizaba, entre otros asuntos, que era de imperiosa necesidad, convertir al Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) y al Registro Nacional de las Personas (RNP) en entes eminentemente técnicos y desvincular su dirección de los partidos políticos. No obstante los nobles propósitos de la Sociedad Civil organizada, misma que propicio este acuerdo interpartidario, lo único que se logro fue separar a ambas instituciones operacionalmente, pero el manoseo partidario fue mucho mayor que antes, ya que se nombraron como miembros del “renovadísimo” Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del RNP, como en el TSC, a un liberal, un nacionalista y un democristiano, todo esto mediante la suscripción (en tinta roja, azul y verde) de un convenio denominado “Acuerdo para la profundización de la democracia, la gobernabilidad, fortalecer la transparencia, evitar la impunidad y consolidar las instituciones”, tradúzcase: repartirse nuevamente el pastel!. El daño que la partidización de los organismos electorales le están haciendo al país es inconmensurable, ya que con decisiones arbitrarias y sectarias como la de permitir la participación del Presidente del Congreso Nacional, Porfirio “Pepe” Lobo, como candidato presidencial (esta imposibilitado según la ultima reforma a la Carta Magna) y la de autorizar a pastores evangélicos a presentarse como candidatos a diputados (deben ser del estado seglar), carcomen el orden constitucional y dan paso a una aciaga conducta, en la que transgredir el ordenamiento jurídico para sacarle provecho político se convierta en una común actuación de la clase gobernante.

EL MINISTERIO PÚBLICO

Los partidos tradicionales y el PDCH volvieron a hacer de las suyas con el nombramiento del Fiscal General del Estado y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público; en marzo del 2004, los nacionalistas no desaprovecharon su mayoría parlamentaria y el poder del que gozan para por primera vez en la historia del país, colocar en la cabeza de esa institución del Estado a alguien que representara sus intereses; los oficialistas interpretaban que en los últimos diez años, los liberales habían tenido en los dos anteriores fiscales, Ángel Edmundo Orellana Mercado y Roy Edmundo Medina, a un dúo de operadores de justicia que –por lo menos- no actuaron en contra de sus correligionarios liberales y se ensañaron contra las figuras mas destacadas del PNH; por ejemplo, muchos nacionalistas creen que Orellana Mercado se convirtió en un contemporáneo Torquemada que se dio a la tarea de mancillar la imagen de connotados lideres nacionalistas y perseguir al ex Presidente de la República, Rafael Leonardo Callejas Romero.

Ante la comprensión cómplice de la cofradía de dirigentes liberales, los nacionalistas, mediante Decreto Legislativo 14-2004 del 10 de marzo del 2004, seleccionaron a Ramón Ovidio Navarro Duarte como Fiscal General del Estado, y recibieron a cambio –en el marco de un arreglo- el apoyo para que se nombrase como Fiscal General Adjunto a Yuri Fernando Melara Berlioz, quien era promovido para ese cargo por influyente sectores del liberalismo. Para no perder la costumbre: se volvieron a repartir el pastel!.

La politización de estos dos nombramientos trajo consigo perjuicios que laceraron vehementemente la ya menoscabada reputación del Ministerio Público; el hecho de que la gran mayoría de la Sociedad Civil organizada, algunos medios de comunicación y ciertos políticos de oposición, denunciaran la deletérea alianza bipartidista roji-azul (o liberocachureca como dice Don Emilio “Mecate” Guerrero) de nacionalistas y liberales para nombrar a las máximas autoridades de la entidad llamada a representar y defender los intereses de la sociedad hondureña, debilitaron la coraza moral que la Fiscalía General de la República debe tener, misma que –como indicábamos anteriormente- venia desgastándose en los últimos años de forma acelerada, y además, colocaron en la caldera del diablo a los ungidos profesionales del derecho. Tal y como sucedió en el pasado reciente con el nombramiento de las autoridades judiciales, contraloras y electorales, los insatisfechos manifestaban su repudio al nombramiento de Ovidio Navarro y Yuri Melara, por considerarlo una treta destinada a proteger los intereses de la clase política nacional, y sin lugar a dudas los descontentos tenían razón, y el tiempo así lo demostraría, ya que con la designación del binomio bipartidista y muchas de sus actuaciones, el Ministerio Público mas parecía –como muy bien lo dirían a gritos los descontentos- un bufete jurídico operando para resolver muchas de las dificultades de los mas conocidos políticos vernáculos.

El caso del Fiscal Navarro Duarte fue insigne, ya que habiendo sido el abogado defensor del Ex Presidente de la República, Rafael Leonardo Callejas Romero, en juicios incoados a este por iniciativa de la Fiscalía General de la República por varios casos de supuesta corrupción gubernamental, el mismo llegaba a la titularidad del Ministerio Público en condiciones desfavorables, pre-sentenciado por muchos sectores de la sociedad y listo para ser acusado de manipulación de la justicia en cualquier acto que se sospechara fuese tendiente a beneficiar a Callejas Romero. Muchos ojos vigilaban al Fiscal General del Estado, fuera y dentro del Ministerio Público; a pesar de esto, y como si el deber exigiera, se procedió a desistir de la persecución penal en los casos en donde estaba involucrado el ex mandatario, lo que provoco una crisis nunca antes vista en el Ministerio Público.

Los subalternos de Navarro Duarte aprovecharon esta coyuntura para denunciarlo por actos irregulares en la administración de los recursos financieros, el nombramiento anómalo de personal en el Ministerio Público y el despido incorrecto de fiscales sublevados; la lucha era frontal a lo interno de la institución, al grado que los fiscales se manifestaban en las calles exigiendo la renuncia de su jefe y recibían de algunos medios de comunicación y de organizaciones populares un decidido respaldo.

Las acciones en contra del Fiscal General del Estado fueron precisas, sus subordinados incoaron proceso en la Corte Suprema de Justicia por abuso de autoridad, y se le iniciaron investigaciones en la Fiscalía contra la Corrupción por los delitos de trafico de influencias abuso de autoridad y malversación de caudales públicos; todo lo anterior tenia que ver con el nombramiento de empleados con sueldos elevadísimos, no contenidos en el manual de puestos y salarios de la entidad, el despido sin causa justificada de fiscales que son críticos a su gestión, la pretensión de retirar los juicios (desistimiento) en contra del ex Presidente Callejas Romero, asimismo las contrataciones de publicidad con periodistas que no tenían pauta institucional, entre otras cosas.

La crisis en el Ministerio Público se magnifica –y así se encargo que se proyectara a la sociedad una mano peluda capitalina y otra mano peluda sampedrana- cuando el –en ese entonces- Fiscal General Adjunto, Yuri Fernando Melara Berlioz, es catalogado por la Embajada de los Estados Unidos de América como indigno de recibir autorización para viajar a tierras norteamericanos debido a estar vinculado a supuestos actos ilícitos; según un boletín oficial de prensa de la representación diplomática estadounidense, “el Departamento de Estado revocó la visa a Yuri Fernando Melara Berlioz el pasado 7 de diciembre de 2004, bajo la sección 212 F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos y proclamación presidencial número 7750. Esta sección es la que provee la autoridad para denegar la entrada a los Estados Unidos de las personas involucradas en actos de corrupción como está estipulado en la Sección Uno de la proclamación”.

De tal forma que, como muy bien lo dice la Asociación de Fiscales de Honduras, con los problemas que enfrentaban Navarro Duarte y Melara Berlioz se ponía en “precario el funcionamiento de esta novel institución; en tanto vuelve contradictorio que el Ministerio Público tenga como fin la persecución de delitos y de delincuentes y sea dirigido por personas señaladas como autoras de actos reñidos con la Ley”.

Pepe Lobo a su regreso de un viaje a la República de China en Taiwán manifestó que “rodarían cabezas” y algunos miembros de la comisión legislativa que investigaban la crisis en el Ministerio Público señalaban que habría “barrida” general; la Asociación de Fiscales de Honduras crucificaba a Ovidio Navarro en la picota pública y la embajada estadounidense ratificaba las imputaciones sobre Yuri Melara; la Sociedad Civil señalaba que la situación era “insostenible” y hasta quienes influyeron para que se nombraran a estos ciudadanos como las máximas autoridades del Ministerio Público la desacertada decisión; asimismo, hasta ex jefe del Poder Ejecutivo, Rafael Leonardo Callejas Romero, aseguraba que “fue un gravísimo error” nombrar a Navarro como Fiscal General del Estado.

Siendo esta la situación, y debido a –según el mismo Navarro Duarte- “presiones políticas”, el martes 28 de junio del 2005, ambos funcionarios renunciaron a sus cargos para evitar una inminente destitución (aunque si en función del informe parlamentario se hubiese evaluado la actuación del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, ambos hubiesen salido bien librados, ya que –en síntesis- el contenido del reporte legislativo lo que preponderantemente señala es que Navarro y Melara eran “mano floja” y que se había “deteriorado la autoridad del Fiscal General… y existía un ambiente de irrespeto, arbitrariedad y anarquía, lo que conduje a la ingobernabilidad de la institución”; aterciopelado ).

OTRA VEZ

Ante tanto escándalo y con una muestra palpable de las consecuencias que trae consigo politizar instituciones tan sensitivas a los intereses del pueblo hondureño, yo creí que nuestra clase política rectificaría y que los diputados al Congreso Nacional evitarían seleccionar las nuevas autoridades del Ministerio Público en función de los intereses partidarios; pero me equivoque. En el hemiciclo legislativo se volvieron a repartir el pastel!

Se perdió una extraordinaria oportunidad para que los legisladores escogieran con detenimiento y responsabilidad, mas allá de las paredes del edificio parlamentario, a quienes podrían defender con precisión los interés de la sociedad hondureña; que necesidad habría de buscar a un “compañero diputado” que hasta hace una semanas era subalterno del Presidente Maduro Joest a quien seguramente tendrá que investigar en el corto plazo, o a otro que una semana antes dedicaba gran parte de su tiempo a echarle vivas a su paisano Manuel “Mel” Zelaya.

El nuevo Fiscal General del Estado, Leonidas Rosa Bautista, y el recién nombrado Fiscal General Adjunto, Omar Cerna García, son un parto bipartidista, y su gestión esta contaminada –además de una serie de violaciones a la Ley- con el pecado original de ser –a todas luces- instrumentos de esa alianza –que como liberal no concibo- roji-azul; como diría Hillary Clinton: “solamente lo locos creen que haciendo las cosas de la misma forma, tendrán resultados diferentes”.

Ojala este equivocada la Senadora Clinton y que mi pesimismo sea una equivocación.

Comentarios: ml_rivera@hotmail.com

3 Comments:

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