Tuesday, July 05, 2005

ESTERCOLERO

ESTERCOLERO

“… que se vayan todos …”, Clamor popular

Por Omar Edgardo Rivera

Cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución de la República de Honduras mediante Decreto 131 del 11 de Enero de 1982, se hizo con la intención de fortalecer y perpetuar un Estado de Derecho que asegurara una sociedad política, económica y socialmente justa “que afirme la nacionalidad y propicie condiciones para la realización plena del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común”.

Luego de dos décadas y media de vida democrática estos anhelos no han podido volverse una realidad, ante la irresponsabilidad de nuestros gobernantes y la abúlica complacencia de los gobernados.

Ese andamiaje estatal creado a fin de defender la soberanía nacional, prestar servicios públicos y tutelar un régimen de reconocimiento y protección de derecho fundamentales y garantías individuales, no ha funcionado, y su se ha ido desprestigiando a tal extremo que goza del repudio y la desconfianza generalizada de la población.

Sin embargo, ese rechazo es superficial, espontáneo y disperso, esta a flor de piel y se agudiza en relación directa a los padecimientos particulares, pero no cuaja en acciones concretas de rechazo a la clase política que domina el poder gubernamental, los mismos de siempre, los que han gobernado el país desde inicios de la década del ochenta, siguen gozando de respaldo electoral y siguen gobernando la nación; la ciudadanía apenas se queja en su entorno familiar o gremial de las irresponsabilidad estatales, pero no concatena esfuerzos ni voluntades, y a la hora de enfrentar a los culpables de la simultaneidad de crisis que nos agobia, ceden ante el clientelismo, el soborno, la dadiva, el privilegio, y hasta al efecto hipnótico-somnífero que generan los poderosos.

Quienes nos han gobernado en esta renovada era constitucional le han fallado al pueblo en el cumplimiento de su mandato, sus deberes y responsabilidades; pero mas hemos fallado los que seguimos tolerando el reparto del botín estatal entre los que dominan la escena pública, en el marco de un tenebroso festín de pobreza, miseria y desatención al cual son invitados cada día mas de siete millones de hondureños.

Los gobernantes han perdido hasta el pudor; liberales y nacionalistas ya no tienen pena de sus actos contrarios al interés popular. Los partidos tradicionales perdieron el norte y en lugar de sumar energías para transformar a Honduras en un país en donde reine la prosperidad, han puesto su mayor esfuerzo por saciar el hambre de sus voraces dirigentes.

Los puntos esenciales de la agenda bipartidista es repartirse el botín, mientras un pueblo famélico mendiga migajas.

Por ejemplo, las instituciones del Estado se politizan a fin de que sirvan de instrumento de poder, violentando el espíritu de la legislación que las crea. Ahí tenemos el caso de la Corte Suprema de Justicia; se modifico la Constitución de la República a fin de despolitizar al Poder Judicial y nombrar como Magistrados a hombres y mujeres que no representaran partidos, ni intereses de grupos económicos o empresariales, sin embargo, la medicina resulto peor que la enfermedad, pues ahora tenemos por un prolongado periodo de tiempo a ocho nacionalistas y siete liberales que le quitan la venda a la Diosa Temis cada vez que quieren inclinar la balanza a favor de los poderosos en detrimento de los derechos de las mas humildes.

El Presidente de la República, Ricardo Maduro Joest, cacaraqueo durante su campaña proselitista anterior a su juramentación como mandatario, que despolitizaría a los órganos contralores del Estado y a las entidades electorales; adempero, sucedió totalmente lo contrario, y la Dirección de Probidad Administrativa y la Contraloría General de la República fueron sustituidas por un Tribunal Superior de Cuentas integrado por un liberal, un nacionalista y un democristiano, quienes han inundado las nominas del organismo auditor de la administración gubernamental, con activistas de cada uno de esos partidos políticos. Lo mismo sucedió con los organismos encargados del proceso electoral, se agudizo la politización del Registro Nacional de las Personas y del naciente Tribunal Supremo Electoral, en donde la actividad registral y las decisiones electorales se toman en función del interés partidario y no precisamente en relación directa a lo dispuesto en la Ley ni a los intereses del pueblo hondureño. Para el caso, ahí tenemos la manipulación de las pasadas elecciones internas en donde con absoluta claridad se le brinda un espaldarazo, desde los mismos entes electorales, a las corrientes que resultaron triunfadoras en los comicios de febrero de este año.

Y si existe una cristalina muestra de la supeditación de los intereses políticos a los intereses populares, es el caso del Ministerio Público, el cual fue entregado a un binomio bipartidista que ha demostrado con sus hechos ser quienes menos indicados estaban para defender los intereses de la sociedad.

Ramón Ovidio Navarro Duarte fue nombrado Fiscal General del Estado con el antecedente de haberse desempeñado como defensor del ex Presidente de la Republica, Rafael Leonardo Callejas Romero, quien a lo largo de los últimos diez años ha sido perseguido por el Ministerio Público por suponerlo responsable de delitos durante su desempeño en como jefe del poder Ejecutivo de 1990 a 1994; pero a los diputados que lo seleccionaron no les importo eso, y pese a que existían conflicto de intereses, a viento y marea se le confirió las facultades del caso. No fue mucho el tiempo que se tuvo que esperar para que se evidenciase lo desafortunado del nombramiento de Navarro Duarte; inicialmente las denuncias de pretender ubicar a personal de filiación nacionalista en la estructura del Ministerio Público causo indignación a lo interno de esa entidad, luego consterno a la ciudadanía el hecho de que se pretendiera retirar los juicios (desistimiento) en contra del ex mandatario Callejas Romero, asimismo los despidos injustificados a fiscales que manifestaban su repudio a las acciones de sus superiores generaron condiciones de confrontación en el mismo tuétano ministerial, también muchos quedaron pasmados cuando se descubrió que el Jefe de Personal de esa institución, Julio Lainez, otorgaba acreditaciones como agentes del Ministerio Público a familiares de este y cuando se descubrió que el mismo Fiscal General del Estado firmaba contratos de publicidad con periodistas que no tenían pauta comercial, deduciéndose que en realidad estos pagos se realizaban para callar las criticas o adular la gestión del “defensor de los intereses de la sociedad”. En fin, como castillo de naipes, la credibilidad del Ministerio Público se vino abajo, a tal extremo que los mismos subalternos protestaban en las calles y se manifestaban a través de los medios de comunicación, clamando un cambio de actitud de sus jefes.

Y como para ponerle la tapa al pomo, ahora el Fiscal General Adjunto, Yuri Fernando Melara Berlioz, ha sido catalogado por la Embajada de los Estados Unidos de América como indigno de recibir autorización para viajar a tierras norteamericanos debido a estar vinculado a supuestos actos ilícitos; según un boletín oficial de prensa de la representación diplomática estadounidense, “el Departamento de Estado revocó la visa a Yuri Fernando Melara Berlioz el pasado 7 de diciembre de 2004, bajo la sección 212 F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos y proclamación presidencial número 7750. Esta sección es la que provee la autoridad para denegar la entrada a los Estados Unidos de las personas involucradas en actos de corrupción como está estipulado en la Sección Uno de la proclamación” (el mismo Fiscal General Adjunto ha dado a conocer que se le acusa del ejercicio de su profesión durante el desempeño de su cargo, de haber recibido depósitos irregulares en una cuenta bancaria del Bank of America y de intentar evitar la deportación de un ciudadano estadounidense que tenia cuentas pendientes con la justicia norteamericana en Dallas, Texas). La Fiscal contra la Corrupción, Soraya Lizzette Morales Romero, ha interrumpido sus vacaciones para iniciar una investigación de oficio (expediente 65-97-2005) y determinar si Melara Berlioz ha cometido algún ilícito penal, y ha dicho que quienes nacieron con esta institución están alarmados por el descrédito a que ha estado sometida la misma y que es realmente incomodo tener que estar investigando a sus propios jefes (existen en la Fiscalía contra la Corrupción investigaciones por la supuestos actos arbitrarios del Fiscal General del Estado, Fiscal General Adjunto, Jefe de Personal del Ministerio Publico y ex Director de Fiscales, Jaime Banegas); “existe un caos” manifestó Morales Romero.

La Asociación de Fiscales, dirigencia del Partido Unificación Democrática y del PINU Social Demócrata piden la renuncia del Fiscal General del Estado y del Fiscal General Adjunto, y el Congreso Nacional cito al titular del Ministerio Publico a comparecer a la augusta cámara legislativa. El Partido Nacional y el Partido Liberal, responsables del nombramiento de ambos funcionarios tienen un zipper en la boca.

Todos estos hechos vienen a ratificar esa atinada percepción de que la ingobernabilidad en el país es imperante, ya que la suma de desaciertos, omisiones y excesos de nuestra clase política en el ejercicio de las funciones públicas ha probado que el Estado que construimos a inicios del ochenta no funciona, no funciona bien. En Honduras el Estado no ha podido ni siquiera garantizar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, mucho menos para satisfacer la demanda de los derechos humanos de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales).

Impera la gobernabilidad cuando la capacidad del sistema institucional de una sociedad procesa efectivamente las demandas de los ciudadanos; es decir, cuando la institucionalidad creada por los residentes de una nación atiende los requerimientos colectivos, canaliza y responde oportunamente las solicitudes de estos en el marco de un Estado de Derecho y no mediante arbitrariedades, vías ilegales o ilícitas.

La inoperancia estatal y la flojedad gubernamental se suman a la corrupción generalizada en los distintos ámbitos del quehacer oficial; la pus brota de las oficinas ministeriales con espectáculos denominados pasaportazos y gasolinazos, la contratación y adquisición directa de bienes y servicios, obviando el proceso de licitación publica, es terreno fértil para el delito, y el uso de los fondos estatales para financiar campañas electorales es una tradición tan colorada como azul. Ya estamos al borde de la desesperación, ya se le pasan a uno, ideas raras por la cabeza. El pueblo hondureño se siente estafado.

No es fácil soportar la fetidez del estercolero, aguantar a tanto cerdo, sentirse gobernado por píos de la mas baja calaña.



ml_rivera@hotmail.com
www.omaredgardorivera.blogspot.com

5 Comments:

Blogger Roberto Iza Valdes said...

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9:33 AM  
Blogger Roberto Iza Valdes said...

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