Sunday, April 03, 2005

LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS (V PARTE)

LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS



Derechos de Solidaridad o Derechos de los Pueblos


V Parte



Por Omar Edgardo Rivera



DERECHOS DE SOLIDARIDAD O DERECHOS DE LOS PUEBLOS



A raíz de las guerras por la emancipación de los pueblos colonizados, y la creciente brecha social, cultural y tecnológica generada en el mundo entero, surgen los derechos humanos de tercera generación en la segunda mitad del siglo XX, contemplando cuestiones de carácter supranacional y denominándose derechos de solidaridad o derechos de los pueblos; dentro de los que se incluyen el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a un ambiente ecológico balanceado, y el derecho-libertad para acceder a patrimonios naturales y culturales, incluyendo el patrimonio común de la humanidad, entre otros.



Poco conocidos por los hondureños, inclusive reducidamente estudiados por los burócratas y defensores de los derechos humanos, los derechos de Tercera Generación son los que se basan en la premisa de conceder o aceptar que los pueblos en general deben tener un desarrollo mínimo, y se debe hacer un esfuerzo para evitar y/o combatir el hambre, la desnutrición y la insalubridad, la discriminación, la explotación y la opresión, el deterioro ecológico, y cualquier amenaza extinción a través de una hecatombe nuclear.



Si bien es cierto, en la legislación internacional (Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por ejemplo) como en las legislaciones nacionales hay algunas referencias de carácter genérico que de algún modo contienen a esta categoría de derechos, dada su reciente aparición aún carecen de consagración jurídica y sus garantías se encuentran todavía en la difícil etapa de elaboración, no exenta de dificultades y sostenidas oposiciones.



Otro ámbito aplicable a los derechos humanos de tercera generación –a los que muchos llaman también “derechos de colectivos”- tiene relación con segmentos poblacionales vulnerables (viejos, niños, jóvenes, mujeres, etc.), minorías étnicas o religiosas y países del “Tercer Mundo”, que se ven afectados por alguna de las múltiples manifestaciones que cobra la discriminación económico social; un contexto en el que surgen nuevas necesidades humanas y donde estas exigencias obligan a desarrollar nuevos derechos que garanticen el acceso universal a formas más avanzadas de ciudadanía y civilidad, de libertad y de calidad de vida.



Estos derechos abarcan un doble y simultáneo carácter en cuanto a su titularidad, puesto que pertenecen a cada individuo y a la vez al conjunto del pueblo e incluso a la comunidad internacional. Por su especial naturaleza, son, por una parte, de defensa frente al Estado (el Estado debe abstenerse de violarlos) y, por otra, son demandables del Estado (el Estado debe crear las condiciones para su realización). Se requiere de todos los actores sociales para su cumplimiento; exigen la concertación solidaria tanto del Estado como de los individuos de las entidades públicas y privadas de la comunidad internacional; y, plantean exigencias en el plano nacional y en el internacional. En efecto, su realización demanda la creación de condiciones nuevas en el campo de las relaciones internacionales, muy particularmente el fortalecimiento de un poder legítimo internaciona! l, un Tribunal Internacional.



Pero se debe tener especial cuidado en la promoción de estos derechos de tercera generación, ya que –al igual que los de segunda generación- muchos pueden interpretar el deber “restringido” del Estado u organismos supranacionales de concederlos, convirtiendo a los beneficiados de los mismos en segmentos “parasitarios”, extendiendo la mano únicamente.



Debido a su abstracción de los derechos de tercera generación, seria muy complejo definir con exactitud el incumplimiento de los mismos en hechos concretos, sin embargo, la puntualización de los tratados internacionales que son soslayados y la falta de políticas y directrices estatales al respecto, pueden orientar al lector:



1. Derecho al desarrollo: El Articulo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –aplicable en Honduras- establece que “toda persona, como miembro de una sociedad, tiene derecho –entre otros y mediante el esfuerzo nacional e internacional- habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, al libre desarrollo de su personalidad”. Asimismo, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su resolución 41/128, de 4 de Diciembre de 1986, manifiesta que “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”. En Honduras se violenta este Derecho al Desarrollo cuando las autoridades estatales se resisten a formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste; la burocracia y los distintos miembros de las instancias legislativas no adoptan todas las medidas necesarias para alcanzar la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos.

2. Derecho a la paz: La Asamblea General de las Naciones Unidas adopto en su resolución 39/11, del 12 de Noviembre de 1984, la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz; en ella se establece que “una vida sin guerras constituye en el plano internacional el requisito previo primordial para el bienestar material, el florecimiento y el progreso de los países y la realización total de los derechos y l! as libertades fundamentales del hombre”, por tanto, las naciones del mundo –dentro de las que esta incluida Honduras- proclaman solemnemente que “los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz”. La Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, “subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, especialmente de la guerra nuclear, a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. En ese sentido, Honduras no contribuye precisamente a crear esas co! ndiciones de paz global: el participar en el contingente militar que invadió Irak, es un ejemplo claro y preciso al respecto; sin embargo, un hecho de pernicioso a la paz mundial, fue la decisión tomada por el Congreso Nacional de la Republica en el sentido de ratificar “un acuerdo de impunidad-inmunidad con los Estados Unidos de América por el que se comprometía a no entregar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra”. Como muy bien lo dice Amnistía Internacional, “este tipo de acuerdos conculcan las obligaciones que los Estados tienen contraídas en virtud del derecho internacional” y amenazan la paz del orbe (el Secretario General de Naciones Unidas ha señalado que “la cultura de paz comprende: a) el respecto por la vida y por todos los derechos humanos; b)! el rechazo de la violencia; c) la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres; d) la libertad de expresión; y, e) los principios de libertad, justicia, democracia”)

3. Derecho a un ambiente ecológico balanceado: Las disposiciones emanadas de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 y de la Declaración de Rio (Brasil) sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, son, en gran medida, el basamento jurídico internacional que sustenta el derecho a un ambiente sano en el marco de ! los derechos de tercera generación; de igual forma, existe una mandato en la Constitución de la Republica de Honduras que establece que “el Estado conservara el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas”. A pesar de todo esto, el desarrollo económico no ha ido aparejado a un adecuado desempeño de las instituciones responsables de garantizarle a los pueblos una solución de los problemas ecológicos del país; el Estado –con la ineficiencia y colusión de sus instituciones- no cumple con su deber de crear las condiciones para un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Allí tenemos los excesos de la compañías mineras, la destrucción del hábitat en las regiones olanchanas colindantes con la Mosquitia o la contaminación de los mantos acuíferos en las z! onas recién urbanizadas en los distintos Municipios del país.

4. Otros derechos de tercera generación: Comienza a reivindicarse con fuerza el Derechos del consumidor, a fin de crear un régimen de reparaciones e indemnizaciones para los consumidores afectados por productos o acciones lesivas sea de actores públicos o privados; el derecho a la persecución sin fronteras de los dictadores, la limitación del derecho a la inmunidad diplomática para determinados delitos, y el derecho a un entorno multicultural que supere el concepto de tolerancia, haciendo de la diferencia una ventaja y no un inconveniente; de igual forma, es derecho de tercera generación la recepción y producci! ón información en forma equitativa; también el derecho a la solidaridad, que implica una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en desarrollo, mediante la cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo integral; el derecho a la descolonización, el derecho a la prevención de discriminaciones, el derecho a la libre determinación de los pueblos (condición política, desarrollo económico, social y cultural), y el derecho de los pueblos a ejercer soberanía plena sobre sus recursos naturales. Otros de los derechos-libertades de tercera generación, es el relacionado al uso de los patrimonios naturales y culturales, incluyendo el patrimonio común de la humanidad (Articulo 15 del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Los gobiernos deben reconocerle a los pueblos indígenas el derecho a su identidad cultural, propiedad, participación, educa! ción bilingüe, medicina tradicional, entre otros; en Honduras la falta de aprovisionamiento de servicios públicos a los indígenas vulneran los derechos humanos de estos pueblos. Estos derechos se extienden, en lo aplicable, a los pueblos negros, garifunas y afrodescendientes.



Tomando en consideración que, entre otros, los derechos de tercera generación se refieren al desarrollo, a la paz y al medio ambiente, esta claro que los mismos tienen una relación directa con la capacidad del hombre y los Estados de comprender que este mundo actual es interdependiente, que los problemas de unos nos afectan a otros; Kemal Pasha Atatürk, lo describió -hace ya 68 años- así: “al hombre le conviene considerar el conjunto de la humanidad como un solo organismo; es decir que un dolor que afecta a la punta de un dedo hace padecer a todo el sistema. Si hay desorden en cualquier parte del mundo, no podemos desentendernos de ello; debemos tratar de remediarlo como si hubiera surgido en medio de nosotros”. Estas reflexiones de K. P. Atatürk siguen actuales hoy; siguen vigentes, y obligan a las naciones del mu! ndo a no desconocer el deber y derecho, a la vez, que tienen de volver una realidad los derechos de tercera generación, a fin de garantizar un futuro mejor para el mundo, lleno de concordia, progreso y generalizado bienestar.



La definición, reconocimiento y consagración de estos derechos es una tarea aún pendiente y estará sujeta al avance y consolidación de las democracias, a la incorporación de políticas tendientes al desarrollo y a la justicia social y, sobre todo, al establecimiento de nuevas y diferentes condiciones en materia de las relaciones entre los estados, o sea a la asunción del principio de la solidaridad por parte de la comunidad internacional. Un claro desafío para el mundo entero, de cara al presente siglo.



Es fundamental, para el ejercicio efectivo de los derechos de tercera generación –pero no suficiente- normas constitucionales y legislación secundaria; pero por sobre todas las cosas, se requiere que la sociedad organizada conozca y defienda activamente estos derechos, que los funcionarios de las instituciones públicas y privadas actúen acorde a ellos y sean sancionados cuando los contravengan. Con abrumadora frecuencia histórica, los derechos no han nacido a la vida social cuando se los declara formalmente sino cuando la sociedad organizada los ha conocido y reclamado vigorosamente.



Fuente: Tiempo, El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Departamento de Estado de los Estados Unidos, EFE, AP, Amnistía Internacional, CONADEH, Casa Alianza, UNICEF, PNUD, ACNUR, Terra, Fundación Friedrich Naumann de Alemania y CICTES



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